Gran controversia ha generado la reforma a la educación propuesta por el gobierno que pretende darle fines lucrativos y mayor cobertura, al mismo tiempo que las protestas en las calles de las principales ciudades del país dejan como resultado varios heridos y un estudiante muerto, según las autoridades por accidente.
Esta situación ha dejado en el ambiente una sensación de incertidumbre en un escenario de tira y afloje entre la comunidad estudiantil y el gobierno, la primera alegando una privatización de la educación y la segunda argumentando una mejora en el acceso a la misma.
Es así como, tras las multitudinarias marchas en las principales ciudades del país, Jairo Rivera vocero estudiantil manifestó que no iniciará algún tipo de diálogo mientras no se retire el proyecto de ley, a lo que el gobierno ha mostrado su negativa.
De esta menera, la ministra de educación María Fernanda Campo dice que no piensa dar marcha atrás con el proyecto, por su parte el viceministro de esta cartera Javier Botero manifiesta que durante los siete meses que llevan trabajando en la reforma los estudiantes no han dado ninguna propuesta.
Con esta reforma a la ley 30 de 1992, el gobierno espera crear 595000 nuevos cupos, y tener una cobertura en regiones apartadas, igualmente que para 2014 unos 2’200.000 colombianos tengan acceso a la educación.
El presidente Santos anunció los cuatro puntos fundamentales del proyecto: promover la calidad y la investigación, aumentar los recursos para la educación superior, incluyendo el capital privado, tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno.
Además manifestó que los recursos públicos son limitados y que se debe ser ingenioso para ampliar las fuentes de recursos del sector, por lo que pretende que se genere inyección de aportes de alianzas público-privadas a la educación superior pública.
Así mismo se propuso crear universidades con ánimo de lucro y sacó a relucir el ejemplo de Brasil, donde según él, este sistema ha dado buenos resultados.
Por su parte la comunidad estudiantil que ha hecho sentir su descontento con marchas en diferentes ciudades del país, expresa que esta es una reforma que pretende privatizar la educación pública y de esta manera el Estado zafarse de la responsabilidad de financiar estas instituciones, con lo que finalmente la educación se convertiría en un negocio.
A la financiación público–privada la ven como un proceso a la privatización, y la educación no será buena o mala, simplemente rentable, no habrá comunidad universitaria sino solo usuarios, no habrá democracia, solo decisiones de accionistas anónimos.
De esta manera seguirá la puja entre gobierno y estudiantes por la polémica reforma, ojalá que de llegar a aprobarse la reforma a la ley 30, no vaya a suceder lo mismo que está pasando en Chile, donde el sistema de educación con ánimo de lucro tiene afectada, endeudada y marginada a la población más pobre y ha dejado mucho que desear en lo que a calidad se refiere.
Por Geovanny Orjuela
Columnista
LaTribunacolus
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